La más reciente encuesta Pulso de la Migración del DANE arrojó que solo el 26,3% de la población migrante y refugiada en Colombia tiene acceso a productos de sector financiero, y la cifra es aún más baja cuando hablamos de la participación de las mujeres, 24,1 % del total de encuestadas. La principal barrera es la falta de documentación y la tramitología para convalidar títulos académicos, lo que impide una verificación de identidad que avale a las personas para acceder a este tipo de servicios, lo que se relaciona además con que no existe un historial crediticio que pueda ser consultado por las entidades financieras.
Y son más los obstáculos que identifica el sector financiero y que amplían la brecha, muchos de ellos relacionados con las dificultades que representa validar la identidad de los solicitantes de sus productos, ya que en ocasiones el PPT (Permiso por Protección Temporal) no basta para la apertura de una cuenta de ahorro o crédito; asimismo, la falta de unidad en el lenguaje y una ruta de atención clara para orientar a estas personas en términos de consultas bancarias, esto no ocurre únicamente por el desconocimiento de normatividad y procesos, incluso el lenguaje de señas colombiano y venezolano es diferente. Otro factor de gran relevancia es el alto nivel de deserción de esta población de sus empleos, derivado en muchas ocasiones del poco tiempo de permanencia en el país.
Valentina Ochoa Restrepo, directora de Gestión Territorial e Innovación Social de Asobancaria, afirma que las distintas formas de operar que presentan los sistemas financieros de Venezuela y Colombia implican la adaptación de la población a un nuevo sistema y el reconocimiento de nuevas “reglas de juego” en términos laborales y financieros que les permitan fortalecer ideas de negocio o permanecer en puestos de trabajo por más tiempo.
Según las cifras obtenidas por el proyecto Cerrando Brechas: Inclusión financiera para migrantes en Colombia, desarrollado por Humanity & Inclusion, Fundación Capital y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el 67% de las personas migrantes y refugiadas está en edad de trabajar (18 a 62 años), el 31% de estos no percibe ingresos, lo que a su vez recrudece la falta oportunidades laborales para los venezolanos.
La situación es aún más preocupante en términos de desigualdad de género, ya que 49% de las mujeres en edades de trabajar no generan ingresos (12,3% para los hombres), esto está relacionado con la distribución de las tareas del hogar, y el cuidado de los hijos e hijas, ya que son las mujeres quienes generalmente asumen esta labor.
La movilidad migratoria trajo consigo retos para el sector financiero, pero esto representa también la oportunidad para potenciar el empleo y, por ende, la inclusión financiera de esta población reconociendo su capacidad productiva. Es así como múltiples sectores del país han conformado una Mesa de Integración Económica para la Población Migrante y Refugiada, encabezada por la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y de la que también hace parte Juntos por la inclusión, programa que esta organización desarrolla en convenio con Comfenalco Antioquia.
Esta mesa, que en lo que va del año ha realizado encuentros en Barranquilla y Bogotá, y que el pasado 26 de julio se realizó en Medellín, contó con la participación de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Asobancaria, Migración Colombia, la Cancillería, el Ministerio del Trabajo, entre otras organizaciones internacionales, de cooperación, instituciones financieras, entidades locales y gubernamentales, se han socializado las propuestas que cada una de estas entidades plantea para beneficiar a los 238.469 migrantes y refugiados que se encuentran en Medellín (Migración Colombia, 2022).
Es así como se está trabajando en un modelo administrativo para mitigar los procesos de presentación de codeudores para las solicitudes de créditos, una iniciativa de Intégrate, programa de la Alcaldía de Medellín, además de fomentar el ahorro grupal en los territorios en los que reside mayor población migrante y refugiada. Asimismo, se plantean beneficios en las cargas tributarias con tasas diferenciales para quienes inician sus unidades productivas que les permitan hacer una planeación económica que permita su sustento y contrarreste el trabajo informal.
Los bancos y cooperativas tienen un papel fundamental, ya que en sus procesos se debe incluir una ruta de atención unificada que informe correctamente a la población. Asimismo, acciones como la apertura de billeteras móviles con mayor flexibilidad para la población venezolana, procesos de intervención en los territorios, apuesta por el endeudamiento responsable y educación financiera, han sido acciones que toman mayor fuerza, resaltando la importancia de fomentar el ahorro y teniendo en cuenta que el 84,4% de la población mayor de 15 años tuvo cuentas de ahorro en Venezuela (Asobancaria, 2022).
Laura Susana Zuluaga, representante de la Fundación Capital manifestó que “[…] a través de todas estas estrategias lo que buscamos es que la población migrante pueda acceder al sistema financiero, a través de productos como billeteras digitales o cuentas de bajo monto que sabemos que serán útiles para mejorar su calidad de vida”.
En aras de aportar al fortalecimiento de este tipo de acciones y también a la mejora de medios de vida para la población refugiada y migrante, Juntos por la inclusión, estrategia de Comfenalco Antioquia y ACNUR e integrante de esta mesa ha contribuido en gran medida logrando la vinculación laboral de personas que se benefician de los procesos de formación, y por ende, inclusión en el sistema financiero a través de aperturas de cuentas de ahorro, lo que ya representa un gran avance para las personas.
Lina Noreña, coordinadora de esta estrategia afirma que para el proyecto “es fundamental hacer la lectura de este ecosistema y su engranaje tan complejo, y entender dónde están las principales brechas que impiden que la población refugiada y migrante acceda a servicios financieros.”
Para su ejercicio la Mesa de Integración Socioeconómica ha definido cuatro fases de trabajo: mapeo de actores, programas y servicios de inclusión; espacios de sensibilización y capacitación con actores claves del sistema financiero colombiano; conectar la oferta de microcréditos de instituciones financieras con la demanda de la población refugiada y migrante; y actualización y difusión la guía de Inclusión Financiera, todo esto vinculando a instituciones estatales y financieras que velen por la garantía de derechos sin entorpecer los trámites administrativos necesarios para ello.
